En una sociedad en la que el 90% de las denuncias por violencia de género son falsas; y en la que se puede condenar por decirle a una mujer "vete a la mierda", tal y como reconoció María Sanhauja, ex decana de los jueces de Barcelona; resulta incomprensible que encima se pueda suspender de empleo y sueldo a un trabajador. La persecución de los hombres en esta España Feminazi no tiene fin.
LA OPINIÓN/MURCIA
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2012/02/01/suspenden-empleo-sueldo-funcionario-condenado-malos-tratos/382415.html
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por un funcionario del ayuntamiento de Murcia que pidió que no se ejecutara la decisión de suspensión de funciones y pérdida de remuneración durante un año acordada al conocerse que había sido condenado por un caso de violencia de género. Este funcionario solicitó al Consistorio que dejara en suspenso la ejecución de la medida hasta que los tribunales de justicia se pronunciaran sobre la comisión de dos faltas disciplinarias por las que fue sancionado.
En un primer recurso, el Juzgado de lo Contencioso desestimó sus pretensiones y respaldó la decisión municipal de no acceder a la solicitud de suspensión, sentencia que ahora se ve ratificada por el TSJ.
«En el presente caso -dice la Sala-, aparte de la comisión de una infracción consistente en no dar cuenta a la superioridad de todo asunto grave que requiera su conocimiento o decisión urgente, la resolución cuya suspensión se solicita fue dictada en un expediente disciplinario abierto al haber sido condenado el recurrente por un Juzgado de lo Penal por un delito de violencia en el ámbito familiar».La sentencia del TSJ también indica que «hay un interés público de evidente importancia, constituido por la función de ejemplaridad perseguida por la sanción que pueda ser impuesta que reclama el inmediato cumplimiento de ésta para que realice debidamente sus fines».Y añade que «entre esos fines se encuentra el de fortalecer la confianza social en el buen funcionamiento de la administración, especialmente intenso en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad».La sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario, impone al recurrente el pago de las costas.
